Contexto sociohistrico segunda mitad del siglo XX Estado

Contexto socio-histórico segunda mitad del siglo XX: Estado, partidos, conflictos y modelos de desarrollo Fuente principal: “Diagnóstico del daño colectivo de la ANUC” Informe Preliminar presentado a la Unidad de Víctimas. Equipo técnico de acompañamiento - Universidad Javeriana: García, Juan Felipe

Contexto Internacional � La “Declaración de los Pueblos de América” firmada en Punta del Este, Uruguay, (17 de agosto de 1961) los países signatarios se comprometieron a impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de Reforma Agraria integral. � Bajo los gobiernos de Johnson y Nixon, la posición de Estados Unidos frente a la reforma agraria varió significativamente. El énfasis en la redistribución de la tierra fue abandonado y fue sustituido por un acento en el crecimiento de la producción. Se afirmó que la reforma agraria era demasiado costosa e implicaba un decrecimiento en la productividad. � Esta variación se puede explicar por la profundización de la guerra anti-comunista. Dicha doctrina establecía que las sociedades latinoamericanas eran inestables e inmaduras y no estaban preparadas para la extensión popular de las garantías democráticas

Frente Nacional Partiendo de la idea que la violencia era preponderantemente de carácter partidista, los conservadores y los liberales construyeron un plan de transición hacia la paz basado en tres objetivos, los cuales, a su vez, estaban acompañados de medidas concretas para realizarlos: el primer objetivo, consistía en eliminar la violencia como medio para acceder al poder, lo que se pretendió lograr estableciendo la paridad política, la alternancia en el poder y una mayoría cualificada de dos tercios en el congreso para aprobar las leyes.

Frente Nacional (cont. ) El segundo objetivo, aspiraba a la construcción de confianza de la población en las instituciones para arropar de legitimidad la autoridad del estado; la fórmula para llevarlo a cabo era la implementación del programa de acción comunal que animaba a las personas en el nivel más local (las veredas en el sector rural y los barrios en el sector urbano) a apropiarse de la ejecución de los proyectos de desarrollo que se diseñaban desde el nivel central. Finalmente, el tercer objetivo se fundamentaba en elevar las condiciones económicas de la población por medio de la construcción de una burocracia de Estado efectiva que pudiera ejecutar los planes de desarrollo diseñados desde las oficinas de planeación técnica del

Juntas de Acción Comunal La ley 19 de 1958 formalizaba el Programa de Acción Comunal y autorizaba a los vecinos de las veredas y los barrios a fundar las juntas de acción comunal para autogestionar sus intereses comunitarios. Para los campesinos despojados, esta medida gubernamental no satisfacía sus necesidades de recuperación de las tierras arrebatadas en el período de la violencia, más aun cuando las juntas de acción comunal empezaron a ser capturadas por los gamonales de los partidos políticos y los acaparadores de grandes extensiones de tierras que habían participado como actores de dicha violencia.

La ley de reforma agraria de 1961 -En este contexto de inconformidad, y en algunos casos, de convulsión de los campesinos, el gobierno de Alberto Lleras Camargo, después de su respaldo a la Alianza para el Progreso en la Conferencia de Punta del Este (17 de agosto de 1961), promovió en el Congreso la Ley 135 de reforma agraria, la cual fue sancionada el 13 de diciembre de 1961. -El siguiente presidente del Frente Nacional, Guillermo León Valencia, derogó los decretos reglamentarios mediante los cuales el INCORA iniciaba la aplicación de la Ley 135 de 1961, restringiendo significativamente el accionar del INCORA en la adquisición de tierras para la reforma.

El reformismo agrario desde el Estado: El gobierno de Lleras Restrepo �Alianza burguesía-campesinado �Reformismo agrario �Modernizar el campo �Poner a producir al latifundio �Generación rentable de alimentos y materias primas �Evitar la revolución socialista (tipo Cuba)

Organización campesina desde el Estado Una vez en la presidencia, Lleras Restrepo promovió un proyecto de ley en el Congreso para revivir la reforma y se encontró con fuertes sectores de oposición. Como fórmula de contrapeso a estos sectores políticos y de control descontento campesino por el aplazamiento de la ejecución de la reforma, promovió una campaña nacional de organización del movimiento campesino. Fruto de esta campaña profirió el Decreto 755 de mayo 2 de 1967 y la resolución 061 de 1968 que le dan vida formal a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC.

Ley 1ª de 1968 La expedición de la ley 1ª de 1968 significó la reactivación del INCORA que funcionaba como el ente institucional que avalaba el proceso de recuperación de tierras de los campesinos. Estos explican que el proceso consistía en ocupar masiva e intempestivamente un predio para hacer evidente quienes se reputaban propietarios de esas grandes extensiones de tierra, o no tenían los títulos jurídicos para demostrar la cantidad de área que explotaba, o bien registraban una cantidad inferior ante el fisco para evadir impuestos. Una vez se realizaba la ocupación, el INCORA intervenía para avalar la negociación en la que entraban campesinos y propietarios.

Estructuras y luchas agrarias -Latifundio ganadero: jornalero *Lucha por la tierra -Minifundismo: pequeño campesino *Más tierra, Crédito, Tecnología -Colonización: colono *Titulación, infraestructura, presencia estatal -Agroindustria: obrero agrícola *Salario, condiciones de vida

Surgimiento de las guerrillas “Las FARC se reconocieron como la expresión de la respuesta campesina a la violencia de Estado, su expansión y fortalecimiento en las décadas siguientes no puede considerarse como la materialización de la alianza política campesinado-guerrilla enfrentada a las élites terratenientes del país. La guerrilla de las FARC, subordinada en sus comienzos al Partido Comunista, lo que la hacía guerrilla de partido, no participó en la creación de la ANUC. Esta guerrilla no contó con la existencia de un movimiento campesino nacional vigoroso al cual articularse, por lo que se limitó a la base social con la que contaba en las zonas cocaleras”. “Ejército de Liberación Nacional nació oponiéndose a la idea ortodoxa de la guerrilla como simple autodefensa campesina. Su influencia menos notoria en las zonas rurales se explica por la convicción fundacional de que la revolución socialista solo vendrá jalonada por una vanguardia político-militar. Por eso, su primer manifiesto era por la toma del poder por las clases populares. Mientras las FARC se conciben como un “ejército revolucionario”, el ELN se ve más como un “partido en armas”; las FARC están cerca de los colonos, el ELN

Replanteamiento durante Pastrana Mediante el Decreto 2098 de noviembre 4 de 1970, Pastrana Borrero constituyó el CERA (Comité Ejecutivo de Reforma Agraria), un comité compuesto por representantes de los partidos políticos, sin participación de la ANUC, y que tenía como misión generar un reporte de recomendaciones sobre la situación de la reforma agraria. el cual fue entregado el 30 de enero de 1971. En este reporte se hacía énfasis en el replanteamiento de la reforma agraria restándole importancia a la distribución de la tierra y estableciendo la necesidad de aumentar la productividad.

Ocupaciones masivas Ante este giro del nuevo gobierno, la ANUC realizó una de las más memoradas acciones: el 21 de Febrero de 1. 971 se llevó a cabo una movilización que permitió a los campesinos recuperar 1250 haciendas y latifundios improductivos. El 22 de Agosto de 1. 971, se proclama “el primer mandato campesino”. En este documento la ANUC rompe relaciones con el gobierno y con todos los partidos políticos, proclamando que el INCORA es inoperante y no tiene voluntad política para adelantar un proceso de Reforma Agraria, democrático, masivo y rápido

Pacto de Chicoral En enero de 1972 se realizó, con todos los sectores de los partidos políticos salvo el liberal “Llerista”, el pacto de Chicoral, en el que se construyó el consenso sobre la modificación de la ley 135 de 1961 redefiniendo el significado de una explotación adecuada, estableciendo estímulos para la inversión privada y fortaleciendo las herramientas para la actuación de la fuerza pública y la fuerza privada para responder a las “invasiones” de los campesinos. El pacto de Chicoral fue convertido por el Congreso en la ley 4ª de 1973 la cual recibió el apoyo de todos los sectores de los partidos, incluyendo el “Llerismo”.

Dividir y estigmatizar El gobierno de Pastrana Borrero no sólo decide subrogar las normas de la reforma agraria, sino que avanza en desmantelar la asociación: reunida la Junta Directiva nacional en Tolú en los primeros días de enero de 1972, el ministro Jaramillo Ocampo condiciona el apoyo institucional a la organización, si ésta se adhiere públicamente al denominado Pacto de Chicoral. Este condicionamiento estaba enmarcado en la idea según la cual, aquellos campesinos que se apartaban de las directrices del gobierno estaban siguiendo los lineamientos de la subversión armada que habían capturado al movimiento campesino. La idea se expandió a nivel nacional en los medios de comunicación fortaleciendo una imagen que equiparaba al campesino independiente del gobierno con un miembro de la subversión.

Línea Sincelejo y Línea Armenia En esta encrucijada, del 20 al 24 de junio de 1972, los miembros de la ANUC que consideraban la necesidad de mantener su posición de independencia realizaron el II Congreso de la organización en la ciudad de Sincelejo, mientras que aquellos que decidieron mantenerse abrigados por el apoyo del gobierno, realizaron un congreso paralelo en la ciudad de Armenia, el 21 de noviembre de ese año; emergiendo, de esta manera, la división de la organización en las llamadas “línea Sincelejo” y “línea Armenia”, respectivamente.

López Michelsen Alfonso López Michelsen apoyó el Pacto de Chicoral de 1972. Una vez como presidente de la República, dio continuidad a la política agraria establecida por el gobierno de Pastrana creando el DRI (Desarrollo Rural Integral), un programa que tenía como fin estimular los créditos y la asistencia técnica para modernizar la agricultura, pero que no incluía ningún tipo de medida de redistribución de la tierra.

Turbay y la derrota del Llerismo Para las elecciones de 1978, el ex presidente Lleras Restrepo invitó a una nueva campaña presidencial a los líderes de la ANUC que lo habían apoyado en 1966. Sin embargo, el movimiento campesino estaba profundamente dividido y diezmado para llevarlo al poder. Además, su contendiente, Julio César Turbay Ayala, contaba con el apoyo de López Michelsen, y de poderosos sectores económicos (en la legalidad y la ilegalidad) que suministraron fuertes sumas de dinero usadas para generalizar, en todo el país, la práctica de compraventa de votos. Turbay expidió el Decreto 1923 de 6 de septiembre de 1978, conocido como el “Estatuto de Seguridad”, el cual recogía las normas de orden público del gobierno López, y le daba a la Fuerza Pública amplias libertades para implementar los procedimientos necesarios para exterminar al “enemigo interno”

Betancur y Barco Después de esta ola de violencia en contra de los miembros de la ANUC los gobiernos de Betancur y Barco intentaron plantear nuevas medidas para transitar hacia la paz. Los viejos objetivos de la transición del Frente Nacional estaban vigentes pues después de dicha experiencia, el no uso de la violencia para atacar al contradictor político aplicaba solo para las relaciones entre los partidos políticos, la legitimidad seguía resquebrajada entre una población rural que sentía que el Estado y la clase política que lo gobernaba había incumplido su pacto de insertar a los campesinos en la vida nacional, lo que llevó, precisamente, al estancamiento económico de los campesinos.

En el gobierno de Betancur se diagnosticaba que el principal agente de la violencia eran los grupos subversivos armados que surgieron en el período del Frente Nacional, razón por la cual, se consideró que una de las principales medidas era adelantar diálogos de paz y proferir una ley de amnistía general para dichos grupos (Ley 35 de 1982) y establecer un Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) para contribuir a programas de reinserción a los guerrilleros amnistiados en 1982. En la presidencia de Virgilio Barco, se estableció que el PNR debía ser direccionado a cumplir los otros dos objetivos frustrados del Frente Nacional: legitimidad entre la población rural y su crecimiento económico: “el PNR es, por tanto, una de las estrategias fundamentales del Gobierno para asegurar el carácter integral de la Reforma Agraria. Con tal fin el Gobierno presentó el proyecto de ley agraria (ley 30 de 1988) que agilizará la adquisición de la tierra para ponerla al alcance de los campesinos sin tierra.

Directiva Presidencial No. 8 de marzo 30 de 1987: “Las familias campesinas que se asientan en todo el territorio nacional (casi dos millones) constituyen uno de los estratos más pobres del país y más abandonados por los servicios del Estado y la sociedad. A pesar de su importancia para la producción económica y la estabilidad institucional del país, sus necesidades no son adecuadamente atendidas. Su falta de organización, su dispersión y su misma situación precaria, les hace difícil reclamar los servicios a los cuales tienen derecho”. Esta nueva invitación del Estado colombiano a dejar atrás el descontento de la población campesina, y así reconstruir su confianza en el Estado, fue acogida por la ANUC y es recordada por mucho de sus miembros como un renacer de la organización, aunque muchos de ellos mismos la llegaron a considerar extinta.

Narcotráfico Sin embargo, este renacer de la organización se presenta en un nuevo contexto en el que el poder de los narcotraficantes se había fortalecido y expandido por todo el territorio nacional. Este enseñoramiento del narcotráfico se configuró desde los años setenta frente a los ojos de la sociedad, los partidos políticos, las guerrillas, los paramilitares, e incluso, los militares. Durante los ochentas, todos estos actores construyeron, en algún u otro sentido, alianzas funcionales con el narcotráfico quien, en una de sus estrategias de aspiración al control de la soberanía, emprendió un gigante proceso de acaparamiento de las tierras más productivas del país. En este contexto, el renacer de la organización campesina se encontró altamente restringido y condicionado, pues retomar sus banderas de la reforma agraria, lanzarse a liderar procesos de recuperación de tierras, y aspirar a reactivar la participación en los asuntos locales, como en los tiempos de esplendor, implicaba desafiar directamente la soberanía tejida por las redes del

Noventas A principios de los noventa el mapa político del narcotráfico sufrió una reconfiguración, pues muchos de sus máximos líderes fueron perseguidos tanto por competidores del negocio como por la fuerza pública en un replanteamiento de la guerra contra las drogas a nivel global. Esta reconfiguración implicó la fragmentación y difuminación del ejercicio de soberanía, lo que fue aprovechado por las guerrillas. A mediados de los noventa, la influencia del poder guerrillero llevó a los narcotraficantes a que se reagruparan bajo el nombre de AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y a declarar a la ANUC como objetivo militar. En una estrategia de recobro del poder y de las tierras perdidas, los paramilitares aliados con diferentes sectores de la sociedad y del Estado -que se beneficiaban con la continuidad del modelo de propiedad de las tierras configurado en los ochentasrecurrieron a la vieja práctica de justificación de la violencia que equipara el ser lider campesino con ser miembro de la guerrilla.

Esta política de exterminio tenía como objetivo la difusión generalizada del terror, doblegando la voluntad de los miembros de la organización y despertando los sentimientos de desarraigo y pérdida de identidad entre éstos. Las siguientes fueron las prácticas sistemáticas que se han podido recaudar: -Masacres -Desaparición forzada -Homicidios sistemáticos de dirigentes nacionales, departamentales y municipales -Desplazamiento, despojo, abandono de la tierra (medio de vida) -Impunidad sistemática frente a la profundización de una violencia diseminada y cotidiana -Instalación del miedo como matriz de articulación de la vida cotidiana

2000´s En medio de esta ola de violencia, el Estado colombiano ha venido implementando diversas herramientas de transición en los últimos años. En primer lugar, se expidió la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) que a cambio de beneficios penales intentaba incentivar la desmovilización de las estructuras paramilitares, el esclarecimiento de la verdad sobre la violencia, y la reparación de las víctimas de ésta. El énfasis judicial de la implementación de la ley hizo que estos objetivos se lograran cumplir en bajos porcentajes respecto de la magnitud del fenómeno de violencia (se ha investigado menos del 10% de los hechos denunciados, los porcentajes de juzgamiento son menores, así como los de reparación de las víctimas)

La “cara amable”: Ley de Victimas En julio de 2011, el Estado profirió la Ley 1448 (Ley de víctimas) que ha promovido un especial énfasis en la reparación de las víctimas. Sin embargo, es preciso subrayar que la implementación de estas medidas se realiza en un contexto en el que no se ha logrado el desmonte final de las estructuras que producen violencia en contra de las organizaciones campesinas y en un ambiente político nada favorable para la reforma agraria y la economía campesina que se ha visto golpeada por políticas de estímulo a la expansión de los monocultivos, la firma de tratados de libre comercio (con claras desventajas para los campesinos).

La otra cara: El modelo de desarrollo agrario �Una de las �Agricultura locomotoras del “desarrollo” de grandes superficies: agronegocio y agro- exportación. �Intento de eliminar las restricciones planteadas por UAF �Territorios de competitividad y Alianzas productivas (el campesino como minusválido empresarial) �Privilegio minero: entrega del país a las multinacionales mineras �TLC: la guerra le prepara el camino

Proceso de Paz (Santos) � Del lado del gobierno hay un cambio de concepción: De la funcionalidad de la guerra para el desarrollo y la reproducción del poder tradicional (Uribe), a la guerra como impedimento para la profundización del modelo de desarrollo actual y la paz como seguridad definitiva (Santos). La idea con la que se partió: no es complicado negociar con un grupo arrinconado. � Del lado de la guerrilla: No hay derrota militar aunque si debilitamiento y agotamiento político. Interés de explorar otros caminos de lucha impulsado en parte por el contexto del predominio de los gobiernos de izquierda en América latina.

Paro Agrario “La paz no se puede conseguir solo entre guerrilla y gobierno”, “si negocian y conversan con guerrilleros como no van a negociar con nosotros los campesinos desarmados” -Crisis de los gremios tradicionales (Fedecafe, Fedepapa) -Nuevos y diversos actores y regiones (Boyacá y las ‘Dignidades’) -Novedosa articulación con los sectores urbanos (cacerolazos, redes sociales, preguntas inquietantes sobre el origen campesino de la población urbana) -Rescate de la identidad campesina. Contra la imagen del “campesino atrasado” -Gobierno: promesas, pacto nacional agrario, represión e infiltración -Queda pendiente el tema de la representación política del campesinado. Habrá Unidad? Cumbre Agraria

o l l rro a r a a p s e a d c i r e ó d t is delo h d o a o d t m i n l n e e u i t r r m i o iona v p o m ¿O recc l e i n ? e red l? z s a e p n a r a o l i c ru e a d m á r l l o f a s s n a a r ¿T rio m a r g a