Esquema bsico tema 1 2 Sistema de fuentes

Esquema básico tema 1 (2): Sistema de fuentes. Estudio especial del reglamento. El Ordenamiento jurídico de la Unión Europea TEMA 1: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DERECHO ADMINISTRATIVO Derecho Administrativo General 2012 -13

Fuentes del Derecho interno CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Bloque de Constitucionalidad NORMAS CON RANGO DE LEY Estatales y Autonómicas L. O. (81 CE), L. ordinaria, D-Ley (86 CE), D-Leg. (82 -85 CE) REGLAMENTOS Estatales: Real Decreto/ Orden Ministerial Autonómicos: Decreto/ Orden Locales: Reglamento orgánico/Ordenanzas Locales/Bando Administraciones instrumentales e independientes La famosa pirámide normativa kelseniana… Remisión en bloque a la teoría general de las fuentes del Derecho (asignaturas de Derecho civil y Derecho Constitucional)

Fuentes Derecho comunitario Derecho originario: Tratados fundacionales REGLAMENTO DIRECTIVAS DECISIONES RECOMENDACIONES DICTÁMENES Remisión en bloque a la teoría general de las fuentes del Derecho comunitario (asignatura de Instituciones de la Unión Europea)

El sistema de fuentes en la asignatura de Derecho Administrativo Algunas cuestiones relevantes a tratar: 1. Vinculación positiva a la Ley 2. Europeización del sistema de fuentes 3. Articulación normativa en el Estado Autonómico 4. La potestad reglamentaria de las Administraciones públicas 5. Otras fuentes del Derecho Administrativo

1. Vinculación positiva de la Administración al Derecho

Consecuencias • Control judicial pleno de la actuación administrativa (art. 106. 1 CE) • Actuación conforme al procedimiento (105 c CE) • Responsabilidad por una actuación administrativa ilegal (art. 106. 2 CE) • Los actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico son nulos de pleno derecho (art. 62 y 63 LAP) • Las Administraciones públicas sólo pueden actuar en ejercicio de competencias legalmente atribuidas (art. 4. 1 LAP)

2. Europeización del sistema de fuentes

Derecho administrativo UE • Derecho UE - Originario: tratados fundacionales - Derivado: reglamentos, directivas; decisiones, recomendaciones, dictámenes • Homogeneización (europeización) del Derecho administrativo - Principio de primacía y efecto directo – Especialmente en materias como contratación o protección ambiental. - Los jueces nacionales no aplican leyes contrarias al Derecho UE: jueces naturales del Derecho UE - Responsabilidad por incumplimiento: 258 TFUE, D. Ad. 1ª Ley de Economía Sostenible

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior Artículo 9. Regímenes de autorización. 1. Los Estados miembros solo podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando se reúnan las siguientes condiciones: a) el régimen de autorización no es discriminatorio para el prestador de que se trata; b) la necesidad de un régimen de autorización está justificada por una razón imperiosa de interés general; c) el objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida menos restrictiva, en concreto porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz. 2. En el informe mencionado en el artículo 39, apartado 1, los Estados miembros indicarán sus regímenes de autorización así como los motivos en que se fundan, demostrando su compatibilidad con el apartado 1 del presente artículo. 3. La presente sección no se aplicará a los regímenes de autorización regidos directa o indirectamente por otros instrumentos comunitarios. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio Artículo 5. Regímenes de autorización. La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. a) No discriminación: que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o de que el establecimiento se encuentre o no en el territorio de la autoridad competente o, por lo que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio social; b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por una razón imperiosa de interés general, y c) Proporcionalidad: que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando un control a posteriori se produjese demasiado tarde para ser realmente eficaz. Así, en ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres Artículo 6. 1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares. 2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva. 3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. 4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000. 1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, las Comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán: a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Estos planes deberán tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares. b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. 2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley. 3. Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000. 4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. 5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá declararse para cada supuesto concreto: a) Mediante una ley. b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público. La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental. Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la Comisión Europea. 6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones: a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente. c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.

3. Articulación normativa en el Estado autonómico

La reserva de Ley n Reserva de Ley material La que dispone la propia Constitución Ejs. art. 53 CE, derechos fundamentales; art. 70 CE, Ley electoral; art. 103. 3, acceso función pública; art. 105 CE, derechos ciudadanos. Incluso, reserva de Ley orgánica (art. 54 CE, Defensor del pueblo; art. 107 CE, Consejo de Estado; art. 165 CE, Tribunal Constitucional). No cabe deslegalización n Reserva de Ley formal Cualquier materia regulada por Ley queda formalmente reservada ("se congela" el rango) Posible deslegalización

Las Ss. TC 5/1981, de 13 de febrero, 213/1996, de 19 de diciembre, 224/1993, 127/1994, 254/1994 y 185/1995 afirman que “las leyes orgánicas y las ordinarias no se sitúan en distintos planos

El principio de competencia n Competencia y jerarquía Entre normas estatales y autonómicas se aplica el principio de competencia La jerarquía rige en el ámbito interno n Clases de competencias (arts. 148 y 149 CE) Exclusivas arts. 149. 1. 8º (legislación civil), 18º (expropiación) Compartidas (bases + desarrollo) arts. 149. 1. 18º (régimen jurídico AAPP), 23º (medio ambiente), 25º (régimen minero) Problema: ¿qué es lo básico? Concurrentes: Cultura, 149. 2 CE

Principios de prevalencia y supletoriedad n Prevalencia (art. 149. 3º CE) La competencia sobre materias no asumidas por los Estatutos de Autonomía (principio dispositivo) es del Estado Regla de conflicto con escasa relevancia práctica n Supletoriedad (art. 149. 3º CE) El Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho autonómico (técnica para colmar lagunas)

Ley (estatal) 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen Artículo 29. local (modificada por LO 2/2011, de 28 de 1. Funcionan en Concejo Abierto: enero) a. Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración. b. Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 2. (…). 3. (…). 4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto. Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por LEY (aragonesa) 9/2009, DE 22 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LOS CONCEJOS ABIERTOS Artículo 3. -Aplicación del régimen de Concejo abierto. Funcionan en Aragón en régimen de Concejo abierto: a) Los municipios de menos de 40 habitantes y aquellos que tradicionalmente hayan venido funcionando con este singular régimen de gobierno y administración. A estos efectos se entenderá que existe tradición cuando el municipio se viniera rigiendo por este régimen con antelación a 1985. b) Aquellos otros municipios en los que sus circunstancias peculiares lo hagan aconsejable, y así se acredite y resuelva en el procedimiento correspondiente.

Concepto "Disposiciones administrativas de carácter general" y rango inferior a la ley (arts. 9. 3, 97 y 103 CE), vinculantes desde su publicación (arts. 51 y 52 LAP). Características: generalidad (contenido abstracto y general) carácter imperativo (preceptivo o normativo) función de integración normativa destinatarios indeterminados vigencia indefinida Pérdida de importancia relativa de la Ley frente al reglamento (desnaturalización de la Ley)

Titulares de la potestad reglamentaria n n El Gobierno (art. 97 CE) y las Administraciones públicas (art. 106. 1 CE) Según su ámbito territorial: ámbito estatal: Consejo de Ministros y Ministros (arts. 4, 5 y 23 LGob. , 12. 2 a) LOFAGE) ámbito autonómico: Consejos de gobierno y Consejeros autonómicos. ámbito local: municipios y provincias (arts. 4. 1. a, 22. 2 d) y 33. 2 b) LRBRL) Algunas administraciones instrumentales gozan también de potestad regulatoria (CNMV, CMT).

Relación ley/reglamento Regla general: principio de jerarquía (reserva de Ley), desarrollo de las leyes (reglamentos ejecutivos), art. 51. 1 LAP n Colaboración Ley/reglamento n Remisión o habilitación normativa n El legislador se remite al reglamento para que complete o detalle sus disposiciones (ej. art. 13 EBEP) Deslegalización n El legislador habilita a que normas reglamentarias regulen materias que hasta ahora estaban contenidas ("congeladas") en Leyes

Principios de la potestad reglamentaria Jerarquía ( ) n Legalidad (reserva de Ley) n Inderogabilidad singular : n Las Administraciones no pueden vulnerar los reglamentos con actos singulares (art. 52. 2 LAP) n Prohibición de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9. 3 CE) n

Jerarquía entre reglamentos n Los reglamentos están sujetos al principio jerárquico: ningún reglamento puede vulnerar los preceptos de otro de jerarquía superior (art 51. 2 LAP) Art. 23. 3 LGob. Reales Decretos y Órdenes Ministeriales n Art. 44 Ley 2/2009, del Presidente y del Gobierno de Aragón n Otros: circulares, instrucciones internas, que vinculan a los órganos administrativos. n Principio de inderogabilidad singular (arts. 52. LAP y 23. 4 LGob)

Normas técnicas n Son documentos que contienen especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Las normas técnicas son el fruto del consenso (autorregulación) entre todas las partes interesadas (no sólo la Administración: también fabricantes, consumidores, laboratorios, centros de investigación). n Son vinculantes en ciertos ámbitos, como la seguridad industrial o laboral. Se elaboran por un Organismo de Normalización reconocido. En España: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), www. aenor. es.

Procedimiento de elaboración de reglamentos n No existe un procedimiento común, hay que acudir a distintas normas en función del titular de la potestad reglamentaria Ámbito estatal: art. 24 LGob. Ámbito autonómico: Leyes autonómicas (en Aragón, arts. 42 ss. Ley 2/2009) Ámbito local: art. 49 LRBRL n Trámites comunes: Información pública y audiencia a los interesados Publicación en Boletín Oficial

Impugnación de reglamentos Los reglamentos contrarios a la Ley y al ordenamiento jurídico son nulos de pleno derecho (art. 62. 2 LAP) n Impugnación: n Directa del reglamento, ante la jurisdicción contencioso-administrativa (arts. 107. 3 LAP y 26 LJ) "Indirecta": recurso contra un acto administrativo de aplicación, fundado en la nulidad del reglamento (art. 26 LJ)

5. Otras fuentes del Derecho administrativo

Otras fuentes del ordenamiento jurídico administrativo n La costumbre Ej: régimen de concejo abierto y otros (L. aragonesa sobre concejo abierto) n El precedente administrativo: prácticas y decisiones reiteradas de las administraciones públicas en la interpretación y aplicación de las normas: No es vinculante, pero art. 54. 1. c) LAP: necesaria motivación para apartarse del precedente