DEL SEN JOS GUILLERMO HERRERA MENDOZA LA QUE

DEL SEN. JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, DEL SENADOR JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA DE CONVERGENCIA, QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL. El que suscribe, Senador José Guillermo Herrera Mendoza, de Convergencia, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos y proyecto de decreto: Exposición de Motivos Ha sido un tema recurrente la necesidad de la autonomía financiera del Poder Judicial de la Federación. De hecho, las propuestas que tienen como finalidad llegar a la consolidación del Poder Judicial como un verdadero poder autónomo, se orientan en el establecimiento de mecanismos que le permitan ser independiente en materia financiera. De lo que se trata, es de fortalecer una de las instituciones más importantes en estos momentos de transición. La iniciativa que nos ocupa también privilegia el principio de división de poderes, consagrado en nuestro artículo 49 constitucional, el cual se enmarca dentro de la teoría de pesos y contrapesos que nos heredó Montesquieu. El sistema de pesos y contrapesos permite limitaciones y vigilancia entre los propios Poderes, es decir, cada Poder cuenta con atribuciones y funciones implantadas que se traducen en un control efectivo respecto de los demás Poderes. Por lo que hace al actual marco de ingresos y egresos del Poder Judicial, éste se encuentra en desventaja respecto de los otros Poderes, ya que solo está facultado para formular su proyecto de presupuesto, pero está imposibilitado para defender dicho proyecto de presupuesto frente al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo mediante la Cámara de Diputados. El Poder Judicial, en suma, se encuentra sujeto a las determinaciones externas por lo que hace a su asignación presupuestaria.

La situación anterior configura una posición de vulnerabilidad y desequilibrio respecto de los demás poderes, incluso, como ocurre, el Poder Judicial reiteradamente padece presiones en los momentos de discusión del Presupuesto de la Federación. Las reformas estructurales realizadas al Poder Judicial de la Federación, han sido acertadas ya que han contribuido a su fortalecimiento y profesionalización, y debido a que ese Poder se consolida como el órgano superior en el que se dirimen complejas controversias jurídicas, en muchos caso, en las que los actores o demandados son los propios Poderes, los Estados y Municipios, es de suma importancia que cuente con una verdadera autonomía. En México avanzamos hacia lo que algunos doctrinarios definen como la Judicialización de la Política, que no resulta ser otra cosa mas que la preeminencia y vigencia efectiva del Estado de Derecho en las relaciones de Poder. Por otra parte, es necesario que el Poder Judicial sea autónomo e independiente en materia presupuestal para que se sustraiga de los intereses de los demás poderes. Es menester suprimir la práctica del cabildeo ante los grupos parlamentarios para que sean consideradas las prioridades de la función pública de la impartición de justicia; en segundo lugar, las necesidades del Estado demandan una mayor profesionalización en los integrantes del Poder Judicial, es necesaria la creación de instancias judiciales especializadas y próximas a la ciudadanía. La justicia debe ser pronta, completa e imparcial. Por los argumentos anteriores, es prioritario que el Poder Judicial cuente con un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos de la Federación. El establecimiento de un porcentaje mínimo del presupuesto para el Poder Judicial, necesariamente lo deberá ser en una ley de vigencia indefinida, en el entendido de que el Presupuesto de Egresos de la Federación es de vigencia anual, por lo que resulta necesario determinar en una ley marco la disposición normativa atinente al porcentaje mínimo que sería asignado al Poder Judicial mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Constitución como ley suprema podría ser considerada para acoger la disposición en comento, sin embargo esto resultaría innecesario e impropio, si en México contamos con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la que resulta ser la norma que contienen las previsiones referentes al presupuesto. En el artículo 15 la mencionada ley señala que el presupuesto de egresos será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, y el siguiente artículo especifica que el Presupuesto comprenderá las previsiones de gasto público que habrán de realizar: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Presidencia de la República y las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República.

En este sentido, nuestra propuesta consiste en adicionar 3 párrafos al artículo 16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, previendo legalmente un porcentaje mínimo del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, para garantizar la continuidad y consolidación del Poder Judicial de la Federación. La determinación de un mínimo legal asignado automáticamente al Poder Judicial, erradica la incertidumbre de verse afectado por disminuciones que ponen en riesgo el funcionamiento y desarrollo del sistema judicial federal. En esta propuesta se contempla la previsión de un mínimo equivalente al 2. 5 % del gasto programable del Presupuesto, y constituye una referencia cierta para ubicar el monto de este porcentaje, al no ser considerados los gastos contingentes también contemplados en el Presupuesto. El porcentaje considerado, resulta ser moderado en relación a las exigencias sociales de justicia, ya que en los últimos 10 años la participación del Poder Judicial en el gasto programable se ha situado desde el 0. 39% al 1. 48% según información del centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Honorable Cámara de Diputados. La propuesta de reforma salvaguarda la autonomía financiera del Poder Judicial, que no deberá de confundirse con la arbitrariedad o ausencia de rendición de cuentas, sino sólo la consolidación de su autonomía financiera como sustento de su independencia en el sistema de pesos y contrapesos. La existencia de un porcentaje predeterminado por asignar, implica que puedan no ser ejercidos los recursos asignados y en ese caso deberán de ser concentrados en la Tesorería de la Federación. También se prevé la hipótesis de que, cuando por circunstancias de carácter grave y extraordinario se justifique la disminución de un presupuesto de egresos ya aprobado, que sea ese Poder quien señale los rubros para reducción. En vista de los motivos anteriores, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los párrafos tercero, cuarto y quinto en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal: Único. - Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto en el artículo 16 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, para quedar como sigue:

Artículo 16. . . . El Poder Judicial de la Federación goza de autonomía presupuestaria. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se le asignará permanentemente una participación mínima equivalente al 2. 5% del gasto programable. Las sumas no erogadas al término del ejercicio se enterarán a la Tesorería de la Federación. El presupuesto del Poder Judicial de la Federación podrá ser modificado por circunstancias extraordinarias o graves que impliquen disminuciones al Presupuesto de Egresos de la Federación; en este caso el Poder Judicial será quien determine las partidas presupuestales en que tendrá aplicación la reducción. TRANSITORIO Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Sen. José Guillermo Herrera Mendoza